17 enero 2018

AUREN - NOVEDADES

ZONAS FRANCAS: CAMBIOS A LA LEY 15.921

La Ley Nº 19.566 introduce modificaciones al régimen vigente, estableciendo entre otras:

  • La responsabilidad solidaria de los usuarios frente a las obligaciones tributarias derivadas de los estudios de Precios de Transferencia aplicables en transacciones con sujetos vinculados de IRAE.
  • La facultad otorgada al Poder Ejecutivo para la autorización a explotar zonas temáticas de servicios para la prestación de servicios audiovisuales, de esparcimiento y entretenimiento, excepto juegos de azar y apuestas.
  • Se enumera cuales son las actividades que los usuarios pueden realizar en el resto del territorio nacional, incluyéndose las de relaciones públicas, el manejo de documentación auxiliar, facturación y cobranza, siempre que sean complementarias a la actividad sustantiva por la cual fueron autorizados, y las mismas se desarrollen en oficinas administrativas proporcionadas por los desarrolladores de zonas francas ubicadas fuera del Area Metropolitana (definida como una distancia mayor a 40 kilómetros respecto del centro de Montevideo).

Se establece en forma expresa que la actividad de venta de bienes y servicios en ningún caso podrán realizarse fuera de las respectivas zonas francas.

 

LAVADO DE ACTIVOS: NUEVAS DISPOSICIONES

Por medio de la Ley Nº 19.574 se actualiza la normativa vigente en lo que respecta a la lucha contra el Lavado de Activo y el Financiamiento del Terrorismo, por medio de la cual se designan nuevos sujetos obligados a reportar transacciones que resulten inusuales o carezcan de la debida justificación económica. Dentro de los nuevos sujetos obligados se incluyen –entre otros-, a los abogados y contadores públicos en caso de prestar los servicios enumerados en la ley. Si bien se excluye en forma expresa la obligación de reportar este tipo de operaciones por “cualquier tipo de asesoramiento” prestado, las actividades enumeradas son amplias.

Se incluye además la provisión de ciertos servicios societarios, ya sean prestados o no por contadores públicos, dentro de los cuales se menciona la constitución de sociedades, la integración de directorio, facilitar un domicilio o sede social a una sociedad, ejercer funciones de fiduciario, etc.

Se excluye de la obligación de reportar operaciones sospechosas a los escribanos (los cuales ya se encontraban dentro de los sujetos obligados), abogados y contadores en caso que la información sobre sus clientes la obtengan con el fin de corroborar su estatus legal o en el marco del ejercicio del derecho de defensa en asuntos judiciales o administrativos.

La novedad que incorpora además la nueva ley es la inclusión de la defraudación tributaria como actividad delictiva precedente del delito de lavado de activos, remitiéndose a estos efectos a la definición del artículo 110 del Código Tributario:

“El que, directamente o por interpuesta persona, procediera con engaño con el fin de obtener, para sí o para un tercero, un provecho indebido a expensas de los derechos del Estado a la percepción de sus tributo..”.

El incumplimiento de las obligaciones previstas para los sujetos obligados determinará la aplicación de importantes sanciones por parte de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

 

PARQUES INDUSTRIALES: SE PROYECTA COMPLEMENTAR LA NORMATIVA VIGENTE

El Poder Ejecutivo remitió un proyecto de ley mediante el cual se complementa la normativa vigente en la materia (Ley Nº 17.547), promoviendo la creación de Parques Científicos y Tecnológicos junto con los Parques Industriales, apuntando a promover la generación de mayor valor agregado y buscando facilitar el desarrollo de capacidades de los trabajadores e innovaciones en las empresas.

Se extiende el giro de empresas y emprendimientos a instalarse, y se otorgan beneficios adicionales a los vigentes en lo que refiere al Impuesto a la Renta tanto del instalador como del usuario.

La actual normativa se refuerza además con la aplicación de obligaciones y sanciones ante incumplimientos, así como la obligación de informar por parte de los actores, lo cual otorga de una mayor transparencia y garantías al régimen.

 

INCLUSION FINANCIERA: PRORROGA DE ENTRADA EN VIGENCIA DE CIERTAS OPERACIONES – DECRETOS 350, 351 y 352/017

Se prorroga la entrada en vigencia de las disposiciones de la Ley Nº 19.210 de Inclusión Financiera relativas a los medios de pago aplicables para ciertas operaciones mayores a 40.000 y 160.000 UI (5.000 y 20.000 USD aproximadamente), así como las correspondientes a las adquisiciones de inmuebles y vehículos, para el próximo 1º/4/2018.

Se otorga la misma prórroga a la entrada en vigencia de las disposiciones relativas al pago de remuneraciones al servicio doméstico, cuando el trabajador se encuentre registrado ante el BPS como mensual, y hasta el 31 de diciembre de 2018 en el caso de jornaleros. En caso que el empleador estuviera percibiendo al 31 de diciembre de 2017 jubilaciones o pensiones, se podrá extender el mencionado acuerdo más allá de las referidas fechas.

Por otra parte, el relevamiento que deberá realizar el Ministerio de Economía y Finanzas a efectos de determinar cuales son las localidades con menos de 2.000 habitantes que carecen de puntos de extracción de efectivo se prorrogó hasta el próximo 30 de junio de 2018. Hasta tanto se considerará que todas las localidades de menos de 2.000 habitantes quedan incluidas en la excepción en lo que refiere a la obligación de pago de remuneraciones y pasividades de la forma exigida por la ley.

El MEF actualizará lista de las localidades comprendidas una vez al año.

 

EMPRESAS DE REDUCIDA DIMENSION ECONOMICA: SE PRORROGA LA INCLUSION DENTRO DEL REGIMEN DE RETENCIONES

Por medio del Decreto Nº 350/015 se había exceptuado hasta el 31 de diciembre de 2017 a las empresas de reducida dimensión económica del régimen de retenciones en ocasión de ventas de bienes y servicios mediante tarjetas de crédito, de débito, de compra y de instrumentos de dinero electrónico, con el objetivo de promover la aceptación de medios de pago electrónicos en dichos comercios.

El Decreto Nº 365/017 extendió dicho plazo hasta el 31 de diciembre del 2018, como forma de continuar promoviendo la aceptación de medios de pago electrónicos en los comercios más pequeños del país, en el marco del conjunto de iniciativas de inclusión financiera que impulsa el Gobierno.

 

CENTROS DE SERVICIOS COMPARTIDOS: SE ADECUA LA NORMATIVA VIGENTE

El Decreto Nº 361/017 modifica la normativa vigente mediante la cual se otorga ciertos beneficios fiscales al régimen de Centros de Servicios Compartidos regulado por medio del Decreto Nº 251/014.

Se entiende que los actuales beneficios presentan apartamientos con los estándares en materia de cooperación fiscal internacional adoptados por nuestro país, en el marco de equiparar los beneficios otorgados a ciertos servicios prestados al exterior a los otorgados a los contribuyentes locales, como forma de dar cumplimiento a los compromisos asumidos internacionalmente.

Se agrega además como condición para verificar el concepto de “Centro de Servicios Compartidos”, que los servicios enumerados en el decreto por la entidad local deben ser prestados a sus partes vinculadas residentes en al menos doce países, como forma de asegurar la naturaleza global de los mismos.

 

ACTUACIONES DE DGI: ACTAS DE CONSTATACION

Por medio de la Resolución DGI Nº 9205/017 se dispone que en caso de actividades fiscalizadoras desarrolladas por la Administración que no implican inspecciones intensivas, sino en los casos de actuaciones extensivas y controles formales, enmarcados en operativos genéricos y giras que impliquen la comparecencia de funcionarios en el domicilio del sujeto pasivo, no se labrará Acta de Inicio pero si un Acta de Constatación, entregándose copia al interesado, como forma de cumplir con la finalidad de que el contribuyente inspeccionado tenga conocimiento del alcance y contenido de la actuación.

 

FACTURACION ELECTRONICA: PLAZO ESPECIAL PARA LA EMISION DE CIERTOS COMPROBANTES

Por medio de la Resolución DGI Nº 9496/017 se dispone que los emisores electrónicos que utilicen papel térmico para la representación impresa de los comprobantes fiscales electrónicos, podrán utilizar hasta el 30 de junio de 2018, como color alternativo el azul para la impresión de los mismos, en lugar del negro que es el obligatorio a estos efectos.

 

CERTIFICADO UNICO DGI: EXCEPCIONES A SU EMISION

Como es sabido, a partir del 1º de enero de 2018 la DGI tiene a su cargo la recaudación del Impuesto Anual de Enseñanza Primaria. En este marco y por medio de la Resolución DGI Nº 9496/017 se incluye dentro de los casos en que no procede la emisión del Certificado Unico, a los contribuyentes de este Impuesto sobre bienes inmuebles urbanos, suburbanos y rurales sin explotación.

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