Corporate Compliance

La responsabilidad penal de las personas jurídicas. Implantación de un modelo de prevención y detección de delitos

La Ley 5/2010 de reforma del Código Penal introdujo por primera vez un marco de responsabilidad penal de las personas jurídicas, que ha venido a ser ampliado y desarrollado por la reciente reforma aprobada por la Ley 1/2015, de 30 de marzo, en vigor el 1 de julio de 2015.

El sistema actual exige a las empresas y directivos incorporar estas nuevas obligaciones de cumplimiento normativo para EXIMIR o ATENUAR posibles responsabilidades de carácter penal, tanto a la organización, como a sus administradores y directivos.

Para ello se hace imprescindible implantar un MODELO DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE DELITOS con el objetivo de detectar y prevenir la comisión de delitos realizados por:

Sus representantes legales, por aquellos que actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica estén autorizados para tomar decisiones u ostenten facultades de organización y control.  Por quienes estando sometidos a la autoridad de los anteriores (empleados, colaboradores, agentes, etc.) hayan podido realizar los hechos delictivos por haberse incumplido gravemente los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad.


Los requisitos mínimos establecidos en el Código Penal de un MODELO DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE DELITOS:

Mapa de riesgos penales:

Identificación de las actividades de la sociedad en cuyo ámbito puedan ser cometidos los delitos que deben ser prevenidos.

Protocolos de actuación:

Establecerá los protocolos o procedimientos que concreten el proceso de formación de voluntad de la empresa, de adopción de decisiones y de ejecución de las mismas en relación con aquellos.

Canal de denuncias:

Impondrá la obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos al organismo encargado de vigilar el funcionamiento y observancia del modelo de prevención.

Sistema disciplinario:

Establecerá un sistema disciplinario que sancione adecuadamente el incumplimiento de las medidas que establezca el modelo.

Recursos financieros:

Dispondrá de modelos de gestión y de los recursos financieros adecuados para impedir la comisión de los delitos que deben ser prevenidos.

Sistema de revisión periódica:

Establecerá un sistema de revisión periódica del modelo y de su eventual modificación cuando se pongan de manifiesto infracciones relevantes de sus disposiciones, se produzcan cambios en la organización o en la estructura de control o en la actividad desarrollada que los haga necesarios.

El modelo de prevención tiene que considerar el tamaño de la organización así como el tipo de actividades, con objeto de realizar un enfoque personalizado para detectar y prevenir los riesgos penales.


Las fases de realización del proyecto de implantación de un MODELO DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE DELITOS comprenden:

1. PLANIFICACIÓN

  • Plan de proyecto
  • Compromiso de la Dirección
  • Entrega de documentación


2. ANÁLISIS DE RIESGOS

  • Análisis de riesgos
  • Determinación del riesgo asumible


3. PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS

  • Inventario de medidas a implementar
  • Canal de comunicación
  • Sistema
  • Plan de acción


4. PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DE DELITOS

  • Creación de un Órgano de control independiente
  • Elaboración de la normativa interna


5. FORMACIÓN Y CONCIENCIACIÓN

  • Formación a los empleados y directivos sobre los protocolos desarrollados


CONCLUSIONES Y PLAN DE ACCIÓN

Considerando los nuevos deberes de prevención y control por parte de la empresa, desde Auren recomendamos iniciar el proceso de evaluación de las nuevas implicaciones sin demora.

Para ello contamos con un equipo multidisciplinar integrado por abogados y consultores especializados en esta materia, estando a su disposición para comentar el alcance de los aspectos mencionados en el ámbito de su empresa, y definir el plan de acción a realizar para la implantación de un MODELO DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE DELITOS personalizado y adaptado, que permita minimizar el riesgo de una posible imputación de responsabilidad penal a la empresa, sus administradores y directivos.



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