La inversión en infraestructura y servicios públicos representa uno de los mayores desafíos para los países de América Latina y el Caribe. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, durante las últimas décadas, la inversión en infraestructura pública representó alrededor del 5% del Producto Interno Bruto de la región. Actualmente, esta inversión representa menos del 3% anual.

Debido a las crecientes necesidades de la población y las restricciones presupuestarias que enfrentan los gobiernos nacionales y subnacionales, las Asociaciones Público-Privadas (APP) surgen como un mecanismo alternativo de desarrollo y financiamiento para aumentar los niveles de inversión pública y brindar servicios de calidad a la población.

La consolidación de este mecanismo enfrenta desafíos importantes, especialmente para los gobiernos subnacionales, ya que la falta de conocimiento, experiencia y unidades de APP reduce la capacidad de identificar, estructurar y licitar proyectos, así como supervisarlos en las fases de construcción y operación. Representa una gran oportunidad para que el sector privado diversifique sus carteras de inversión y se involucre en nuevas áreas de desarrollo.

Por esta razón, es importante continuar la promoción de estos esquemas de inversión, por lo que abre posibilidades tanto para el sector público como para el privado en el desarrollo de infraestructura pública productiva.

Por Luis Mayorga Muñiz – 

Presidente de Auren México